A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, Colectivo GALACTYCO junto a FELGTB, exige a la Consejería de Educación que retire la orden de instrucciones de inicio de curso que establece la obligación de que las familias den su consentimiento para que el alumnado curse formación en diversidad LGTBI.
El Colectivo GALACTYCO, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerda a las Consejería de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género sin contar con el consentimiento previo de las familias.
La entidad LGTBI recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, establecen la obligatoriedad de que los poderes públicos adopten medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores. Así mismo, los Decretos 220/ 2015, del 2 de septiembre y 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria y Primaria en la Comunidad Autónoma de Murcia, dejan claro que las actividades complementarias y curriculares serán obligatorias, nunca a expensas de las opiniones arbitrarias de las familias.
Así, declara que la Consejería de Educación tiene, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, tal y como manifiestan, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.
Por este motivo, el Colectivo GALACTYCO, solicita a la Consejería de Educación de la Región de Murcia que, retire de manera inmediata la orden de instrucciones de inicio de curso que establece de manera ilegal la obligación de que las familias den su consentimiento para que el alumnado reciba información en diversidad LGTBI.
Esta demanda se enmarca en la campaña “Tienen derecho a saber”, iniciativa de la FELGTB a la que se han sumado entidades de distintas Comunidades Autónomas para exigir de manera simultánea a sus respectivas Consejerías que cumpla con su obligación de garantizar una correcta educación en valores de igualdad. Además, se trata de una campaña que pretende ofrecer una herramienta a la ciudadanía para que reivindique sus derechos en este sentido por lo que invita a la población a sumarse y enviar sus propias cartas a la Consejería con esta demanda.
Según Alberto Alba, Presidente del Colectivo GALACTYCO “la intención de esta acción es recordar a los poderes públicos su obligación de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que puedan estar surgiendo como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas”.
En este sentido, Alberto Alba recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen en Igualdad. Todos los alumnos tienen derecho a recibir de manera transversal la educación adecuada para poner en valor aquello que defiende nuestra Constitución y todo nuestro cuerpo legislativo, y que incluye información en diversidad afectivo-sexual, de género y familiar”.
Y es que, según la Vicepresidenta de Colectivo GALACTYCO, Mar Tornero, la aplicación de un “PIN parental” que la ultraderecha ha instaurado en nuestra Comunidad y que algunos grupos afines están promoviendo en distintos puntos de la geografía española “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento basadas en creencias morales o religiosas contrarias a los derechos y libertades que como sociedad debemos respetar y defender, y que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores, como las creencias contrarias a la vacunación, la prohibición de donar sangre, o el mandato de sumisión de la mujer”.
Además, Alberto Alba, que además de activista por los derechos del colectivo LGTBI es responsable y profesional de la Educación, explica que el uso del término PIN parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el PIN parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura frente a las instituciones democráticas que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”.
Por todo ello, anima a la comunidad educativa de la Región de Murcia a cumplir con las leyes que regulan la educación, frente a una decisión arbitraria e ilegal de la Consejería de Educación, así como a exigir que retiren unas instrucciones que a todas luces comprometen su buen hacer.
