La Asociación Colectivo GALACTYCO, de Gais, lesbianas, bisexuales y trans de Cartagena y Comarca, ha enviado queja al Defensor del Pueblo en la que le demandan una actuación urgente para poner fin a lo que entiende una vulneración de derechos por parte de la Consejería de Educación del Gobierno Regional.
Explican en su carta a D. Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, que “Dña. María de la Esperanza Moreno Reventós, Consejera de Educación, envío las instrucciones de inicio de curso a finales de agosto, por las que obliga a los centros a contar con permisos expresos de las familias y/o tutores para que el alumnado participe en las actividades complementarias programadas para desarrollar los contenidos curriculares, con las que pretenden poner veto de manera arbitraria e ilegal a las charlas educativas y talleres formativos en materia de Diversidad afectivo-sexual, de género y familiar.”
“Estas instrucciones vulneran, a sabiendas y sin la más mínima búsqueda de consenso con las instituciones educativas, AMPAS, otros agentes sociales y toda la sociedad en su conjunto, numerosas normas legales y ponen en riesgo derechos constitucionales fundamentales”, mencionando todo el cuerpo normativo que les ampara para solicitar su retirada.
Desde la mencionada asociación afirman que “en nuestra Región, pedir permiso a quienes tutorizan a los menores para poder llevar a cabo actividades complementarias en los centros educativos incurre en una ilegalidad al ir en contra de los Decretos 220/2015, del 2 de septiembre y 198/2014, de 5 de septiembre, por los que se establece el currículo de la Educación Secundaria y Primaria en la Comunidad Autónoma de Murcia. Por tanto, los talleres de educación en diversidad sexual, programados como cualquier otra actividad complementaria, únicamente necesitan de la información a las familias, pero no de su autorización para ser impartidas en los centros educativos, y son de carácter obligatorio.
De igual manera, la Consejería también incumple la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que regula expresamente la obligatoriedad de la educación afectivo, sexual y de género, así como la protección a los menores por motivos de violencia familiar por LGTBIfobia. (Artículos 22, 24, 25 y 26).
Y explican de igual forma, que a la propia legislación regional se suma la vulneración de:
- la Convención de los Derechos del Niño, 20/XI/1989
- la Constitución Española,
- la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
- la LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
- la Ley 2/2002, de 3 de mayo, de Educación Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación
- la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Educación y Cultura de la Paz,
y hasta el propio Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que establece que “Los poderes públicos de la Región de Murcia reconocerán, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no discriminación por este motivo o por la orientación sexual.
Alberto Alba, presidente del Colectivo GALACTYCO, afirma “que nuestro país y nuestra Región cuentan con una extensa legislación protectora del derecho a educar y recibir educación en el respeto a la orientación sexual, la identidad de género y familiar, y que las instrucciones enviadas desde la Consejería de Educación ponen en peligro toda la intención de la normativa que nuestro Estado de Derecho reconoce y recoge”. Añade, además, “que el gobierno regional no ha dado ninguna respuesta al escrito enviado por las diferentes asociaciones LGTBI con fecha 6 de septiembre, en la que exigíamos explicación y rectificación, tanto a la Consejería de Educación como a la de Igualdad, dirigida por Dña. Isabel Franco, y es por lo que hacemos entrega de nuestra queja al Defensor del Pueblo.”
Mar Tornero, Vicepresidenta de GALACTYCO, afirma “que es necesario poner fin a esta vulneración de derechos que, además de ser intimidatoria para los centros educativos y el personal docente que trabaja en los mismos, provoca un evidente estado de indefensión en las personas LGTBI escolarizadas, así como en el resto de alumnado, que tienen derecho a conocer la realidad de la Diversidad Afectiva, Sexual, de Género y Familiar, pues sólo a través de la educación es posible erradicar los históricos prejuicios que han maltratado a una minoría social que va avanzando en Igualdad lentamente, contra la resistencia de una parte que pretende poner freno a la misma, llegando incluso a actuar de manera contraria a nuestra legislación. Como sociedad no podemos permitir que aún se cuestione la necesidad y obligatoriedad de una educación rica en valores de respeto, tolerancia e igualdad.”
Así mismo, en su queja enviada al Defensor del pueblo, la Asociación GALACTYCO, recuerda “la importancia que las charlas sobre educación afectivo-sexual o temas LGTBI tienen para el alumnado, ya que la formación y la educación en la empatía, la solidaridad y el respeto a la diversidad es fundamental para abordar el problema de la LGTBIfobia que sufre el alumnado LGTBI desde edades tempranas en los centros escolares y que ha sido probado por una vasta literatura científica. Solicitar el consentimiento de las familias pone en riesgo la protección a la que los menores también tienen derecho frente a los casos de rechazo dentro del seno familiar por orientación sexual, expresión de género o identidad de género, un problema que sigue estando a la orden del día.
La Educación Pública y Concertada de la Comunidad Autónoma de Murcia no solo puede ofrecer a todo su alumnado formación en diversidad afectivo/sexual, de género y familiar, independientemente de la conformidad de sus familias, sino que tiene la obligación de hacerlo, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar por LGTBIfobia. La educación en igualdad no es un privilegio de aquel alumnado cuyas familias estén de acuerdo en que sus hijos sean formados en Igualdad y Derechos Humanos, sino una obligada responsabilidad de los poderes públicos para con todo el alumnado.
Se da el caso de que la Región de Murcia es la única en toda España que ha hecho efectiva una petición del partido de ultraderecha Vox estableciendo el llamado “pin parental” para la realización de las actividades complementarias que los centros educativos incluyen en sus programaciones, como parte de las negociaciones y pactos realizados para la investidura del Presidente López Miras. Tanto Madrid como Andalucía no ha hecho efectivo esta exigencia de los ultraconservadores, al haber reconocido que legalmente es inviable. En el resto de comunidades autónomas la tendencia es a poner en práctica toda la normativa vigente en materia educativa en relación a la formación en Igualdad y Diversidad, lo que “provocaría un retraso y una desventaja en relación al resto del territorio español, añadiéndose a la ya precaria educación en Igualdad que se ofrece en nuestros centros educativos”, afirma Alberto Alba.
Su Vicepresidenta, Mar Tornero, expresa su “esperanza de que una institución que está al servicio de la ciudadanía, como es la Defensoría del Pueblo, tome las medidas necesarias para revertir este lamentable episodio que frena el progreso educativo en la Región de Murcia”.
