A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, Colectivo GALACTYCO junto a FELGTB, exige a la Consejería de Educación que retire la orden de instrucciones de inicio de curso que establece la obligación de que las familias den su consentimiento para que el alumnado curse formación en diversidad LGTBI.
El Colectivo
GALACTYCO, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB) recuerda a las Consejería
de Educación, que, según la legislación actual, los
centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de
ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género sin
contar con el consentimiento previo de las familias.
La entidad
LGTBI recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la
Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y
la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia
Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por
España, establecen la obligatoriedad de que los poderes públicos adopten
medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la
infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la
personalidad y de la formación en valores. Así mismo, los Decretos
220/ 2015, del 2 de septiembre y 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria y Primaria en la Comunidad
Autónoma de Murcia, dejan claro que las actividades complementarias y curriculares
serán obligatorias, nunca a expensas de las opiniones arbitrarias de las
familias.
Así, declara
que la Consejería de Educación tiene, por tanto, la obligación de garantizar
que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba
formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible
violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por
LGTBIfobia. Y es que, tal y como manifiestan, solicitar el consentimiento de
las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado
contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico
español.
Por este
motivo, el Colectivo GALACTYCO, solicita a la
Consejería de Educación de la Región de Murcia
que, retire de manera inmediata la orden de instrucciones de inicio de
curso que establece de manera ilegal la obligación de que las familias den su
consentimiento para que el alumnado reciba información en diversidad LGTBI.
Esta demanda se enmarca en la campaña “Tienen derecho a saber”, iniciativa de la FELGTB a la que se han sumado entidades de
distintas Comunidades Autónomas para exigir de manera simultánea a sus
respectivas Consejerías que cumpla con su obligación de garantizar una correcta
educación en valores de igualdad. Además, se trata de una campaña que pretende
ofrecer una herramienta a la ciudadanía para que reivindique sus derechos en
este sentido por lo que invita a la población a sumarse y enviar sus propias
cartas a la Consejería con esta demanda.
Según Alberto Alba,
Presidente del Colectivo GALACTYCO “la intención de esta acción es recordar a
los poderes públicos su obligación de cumplir y defender la legislación actual
en materia educativa y disipar las dudas que puedan estar surgiendo como
consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y
partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que
los usen por bandera para hablar de otros temas”.
En este
sentido, Alberto
Alba recuerda que “la Educación es un derecho de los
menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus
menores se formen en Igualdad. Todos los
alumnos tienen derecho a recibir de manera transversal la educación adecuada
para poner en valor aquello que defiende nuestra Constitución y todo nuestro
cuerpo legislativo, y que incluye información en diversidad afectivo-sexual, de
género y familiar”.
Y es que, según
la Vicepresidenta de Colectivo
GALACTYCO, Mar Tornero, la aplicación de un “PIN
parental” que la ultraderecha ha instaurado en nuestra Comunidad y que algunos
grupos afines están promoviendo en distintos puntos de la geografía española
“abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias
como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento basadas en
creencias morales o religiosas contrarias a los derechos y libertades que como
sociedad debemos respetar y defender, y que pueden incluso poner en riesgo la
salud de los menores, como las creencias contrarias a la vacunación, la
prohibición de donar sangre, o el mandato de sumisión de la mujer”.
Además, Alberto Alba, que
además de activista por los derechos del colectivo LGTBI es responsable y
profesional de la Educación, explica que el uso del término PIN parental pretende generar una falsa sensación de protección a
las familias. Así, añade que “el PIN parental real protege a la infancia de
contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este
mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura frente a las
instituciones democráticas que vulnera los derechos de menores y docentes y
anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que
el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad
educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la
conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”.
Por todo ello, anima a la
comunidad educativa de la Región de Murcia a cumplir con las leyes que regulan
la educación, frente a una decisión arbitraria e ilegal de la Consejería de
Educación, así como a exigir que retiren unas instrucciones que a todas luces
comprometen su buen hacer.
