El Sr. López Miras miente cuando afirma que en Andalucía han llegado a un acuerdo con este asunto del veto parental, tratando de dar a entender que en Murcia podemos seguir sus pasos. El gobierno andaluz ha entendido perfectamente que es una ilegalidad y por ello se ha negado a hacer lo que nuestra Consejería de Educación ya ha intentado hacer en dos ocasiones. La primera rectificó, estando la Consejera Adela Martínez Cachá al frente. La segunda esperó a que el Ministerio de Educación recurriese en los tribunales las Instrucciones que lo implantaban, con conciencia de un trabajo mal hecho.
Pero mientras tratan de conseguir el apoyo de la extrema derecha para aprobar los presupuestos, siguen lanzando mensajes engañosos a toda la comunidad educativa y a toda la población.
Es ilegal implantar un veto parental en nuestro sistema educativo para cualquier actividad curricular programada por los centros escolares, así lo dice la normativa y es lo que tiene la obligación de defender cualquier gobierno, si es que conservara la decencia. Menos aún si estas actividades están en armonía con lo que la propia ley exige, como es la educación en valores de respeto, de igualdad, de diversidad, de Derechos Humanos…, actividades en definitiva orientadas a mejorar la convivencia en nuestra Región y en las que los centros educativos ponen sus esfuerzos.
Desde este colectivo exigimos al Sr. López Miras y a la Consejera de Educación, María Esperanza Moreno Reventós, que vuelquen sus esfuerzos en cumplir y hacer cumplir la ley en todos los centros públicos y concertados, especialmente la Ley 8/2016 de Igualdad Social, que ya desde hace 5 años marca la obligatoriedad de lo que desde hace 3 años pretenden dejar en poder de las familias. Y que la cumplan en toda su extensión, que incluye la formación a docentes.
Las familias tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, pero no tienen derecho a exigir a nuestras administraciones una educación en contra de nuestros valores constitucionales, las leyes educativas, las leyes de igualdad y los tratados internacionales a los que España está suscrita. Dejen de jugar con nuestro alumnado, con el personal docente y con el progreso educativo de esta Región.
Así mismo, solicitamos a Ciudadanos Región de Murcia la coherencia necesaria para oponerse a esta imposición de la ultraderecha de manera firme y contundente. No es asumible ni ético aceptar propuestas ilegales cuando pueden llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios que tiene claro dónde está el límite de la legalidad.