La primera actividad del Orgullo LGTBIQA+ cartagenero está organizada de la mano del Sterm Intersindical y Chrysallis en la cafetería Mister Witt a las 19:00 horas.
Cartagena (15/6/26).La asociación de gays, lesbianas, trans y bisexuales activistas de Cartagena y Comarca ‘Colectivo GALACTYCO’ inicia este martes 16 de junio el programa de EnorgulleCT 2026, el Orgullo LGTBIQA+ de Cartagena, con un Taller de juegos y presentación de la propuesta de protocolo trans para los centros educativos.
Esta primera actividad del orgullo cartagenero de este año está coorganizada de la mano de Sterm Intersindical y la asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis, a las 19:00 horas en la cafetería Mister Witt, en Tolosa Latour número 4. Se trata de una actividad de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, abierta a la población en general, pero de especial interés para el personal docente y las familias de personas trans.
La Consejería de Educación de la Región de Murcia no cuenta con un protocolo oficial y específico publicado por la administración para el acompañamiento al alumnado trans en los centros educativos, a pesar de que la Ley de Igualdad regional exige su creación.
Sterm Intersindical y todas las entidades Red Regional LGTBIQA+, a la que pertenece Galactyco, vienen reivindicando desde hace años que se cumpla por parte de la Comunidad Autónoma la Ley Trans estatal -Ley 4/2023-, que obliga de forma explícita en su artículo 21 a que las administraciones educativas elaboren protocolos de apoyo y acompañamiento para el alumnado trans.
Antes de esta ley, que lleva tres años en vigor, la propia Ley 8/2016 de igualdad social LGTBI de la Región de Murcia ya establecía la misma obligación: garantizar que el alumnado pudiera ser nombrado por su nombre elegido y acceder a las instalaciones según su identidad de género. Esa ley lleva diez años en vigor y se siguen aplicando unas instrucciones de 2017 que contradicen la Ley Trans de 2023.
La Consejería de Educación no avanza en la aprobación a pesar de tener una propuesta
Las entidades organizadoras de este evento subrayan que “esto genera una incongruencia entre la normativa que regula la Consejería de Educación y la que manda el Gobierno estatal, y en muchos casos supone inseguridad para el profesorado, que se encuentra con una contradicción entre lo deseado por el alumnado y lo mandatado por la familia”.
En noviembre de 2025, STERM y las asociaciones registraron formalmente su propuesta de protocolo ante la Consejería de Educación, pero ésta no ha avanzado en su aprobación, por lo que el alumnado trans sigue desprotegido en los centros educativos de la Región.
“Según el Estudio exploratorio sobre la inserción sociolaboral de las personas trans, publicado por el Ministerio de Igualdad en 2022, el 84% de las personas trans considera que el sistema educativo español no es inclusivo. Este dato es el resultado de años de desprotección institucionalizada”, recalcan desde Galactyco.
El informe Radiografía de la educación en diversidad LGTBI+, publicado por la FELGTBI+ en 2025, añade otro elemento: la población trans tiene un nivel de estudios inferior a la media de la población general. La conexión entre ambos datos y la ausencia de protocolos educativos no requiere mayor explicación.
El texto de la propuesta de Sterm y la Red Regional LGTBIQA+ es un documento técnico de catorce páginas que no parte de cero sino que toma como referencia los protocolos ya vigentes en Islas Baleares —desde 2016—, Navarra, Canarias, Cataluña y el País Vasco. Murcia sería, con este protocolo, la última comunidad autónoma en sumarse a un estándar que el resto lleva años aplicando.
El principio fundamental que articula toda la propuesta es la autodeterminación de género: la identidad de una persona no puede estar condicionada a diagnósticos médicos o psicológicos previos. La vivencia interna del individuo es suficiente para su reconocimiento en el ámbito educativo. A ello se suman los principios de interés superior del menor, confidencialidad, inclusión y coordinación entre todos los agentes implicados.
El procedimiento se articula en seis fases. La primera es la comunicación al equipo directivo, que puede llegar a través de la familia, del propio alumno o de cualquier miembro del personal del centro. La segunda es la valoración por parte del Equipo de Orientación, que recoge las necesidades de la persona trans y, si es menor de dieciséis años, convoca también a la familia. La tercera es la activación formal del protocolo, que no requiere ningún diagnóstico médico y se formaliza mediante un documento de consentimiento adaptado a cada situación: si el alumno es menor de dieciséis años con apoyo familiar, sin él, o con discrepancias entre los progenitores, o si es mayor de dieciséis y puede activarlo por sí mismo. La cuarta fase recoge las actuaciones inmediatas. La quinta establece un seguimiento trimestral del bienestar del menor. Y la sexta regula el cierre o suspensión del protocolo.
El tratamiento de los casos con discrepancias entre progenitores o sin apoyo familiar merece una mención especial, porque es donde el protocolo muestra mayor sofisticación. Si los padres no están de acuerdo entre sí, el centro actúa atendiendo al interés superior del menor y basta con la firma de uno de los representantes legales. Si el menor de dieciséis años carece de apoyo familiar, el protocolo puede activarse igualmente a partir de los doce años, sin consentimiento de los padres, comunicando la situación a Inspección y al Servicio de Protección de Menores. Para los menores de doce años sin apoyo familiar, el centro puede aplicar las medidas que considere necesarias aunque el protocolo formal no se active.
Las medidas concretas: del correo de Gmail a los vestuarios
Las actuaciones inmediatas que el protocolo contempla cubren todos los ámbitos de la vida escolar cotidiana. En el plano administrativo, el centro debe adecuar las listas de clase, los carnés escolares, los correos electrónicos y todas las plataformas digitales —incluidas Plumier y MurciaEduca— al nombre y al género con el que el alumno se identifica. En cuanto a las instalaciones, el alumno puede elegir acceder a los aseos y vestuarios acordes a su identidad de género, o utilizar un espacio individual habilitado para ello si así lo prefiere. En materia de imagen personal, el protocolo garantiza la libertad de elección de vestimenta y uniforme con independencia de la identidad de género. Y en el plano del acompañamiento, el equipo directivo debe designar una persona responsable que realice tutorías periódicas de seguimiento.
Las organizaciones insisten en que su propuesta no reclama derechos nuevos sino el cumplimiento de obligaciones ya vigentes. El respaldo normativo es sólido en todos los niveles. En el internacional, los Principios de Yogyakarta —elaborados por el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos— establecen la obligación de los Estados de aplicar la legislación de derechos humanos en relación con la identidad de género. La Resolución 2048 del Consejo de Europa insta explícitamente a legislar en favor de los derechos de las personas transexuales.
En el plano nacional, la Constitución Española protege la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley y el derecho a la intimidad y a la propia imagen. La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia frente a la violencia refuerza el deber de los centros de prevenir, detectar y actuar ante cualquier forma de discriminación por identidad de género. La LOMLOE establece la equidad y el respeto a la diversidad como principios del sistema educativo. Y la Ley Trans de 2023 obliga de forma expresa a las administraciones educativas a elaborar protocolos de acompañamiento. En el ámbito regional, la Ley 8/2016 ya contemplaba esa misma obligación hace una década.
“Sin instrucciones claras y vinculantes, la atención que recibe un alumno trans en la Región depende exclusivamente de la sensibilidad o la voluntad del equipo directivo que le corresponda. Si el director o directora del centro es receptivo, el alumno tendrá acompañamiento. Si no lo es, estará solo. Es una lotería, y eso es en sí mismo una forma de discriminación indirecta y una vulneración del derecho a la igualdad”, denuncian desde los colectivos promotores de la charla de este martes.
